La presidenta Claudia Sheinbaum heredó un problema de seguridad que no solo se reducía a una crisis, sino que también incluía una serie de acusaciones graves contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante años, López Obrador había respondido a informes sobre narcopolítica con descalificaciones públicas y, según investigaciones periodísticas, había permitido la expansión criminal, violencia electoral y vínculos entre operadores políticos y cárteles de la droga en distintas regiones del país. Sin embargo, López Obrador no actuó y siguió tomando decisiones que hoy el gobierno de Donald Trump utiliza para amagar a México y cercarlo por varios frentes. Las señales del descontento estadounidense venían acumulándose en lo diplomático, lo comercial, la aviación y la reforma judicial. Ahora, con la decisión de Gerardo Mérida Sánchez de cruzar la frontera para entregarse, un general retirado bajo custodia estadounidense pone en duda el modelo de militarización de la seguridad en Sinaloa, convertido en pieza central del expediente. Estados Unidos terminó elevando el caso a seguridad nacional, reconfigurando su lectura del problema y ampliando el alcance del expediente. México llegó después, cuando el caso ya había cambiado de escala, de lenguaje y de presión. La herencia maldita de López Obrador no solo es judicial, sino también electoral, diplomática y económica al mismo tiempo. Sheinbaum necesita defender el legado político de López Obrador porque ahí sigue estando la base electoral de Morena, pero también carga con gobernadores cuestionados, arbitrajes internacionales y una estrategia de seguridad que hoy aparece en el expediente. Morena insiste en cerrar filas en torno al discurso de la soberanía, pero el adversario político ya tiene el expediente armado. Hoy la factura por esas decisiones temerarias llega completa, y no la paga quien la generó: la paga el país.
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