El Comité para la Protección de los Periodistas condena los ataques y amenaza de difamación contra América Armenta, presidenta de la Asociación de Comunicadores 7 de Junio, y pide a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva y medidas de seguridad para la comunicadora.
El Comité para la Protección de los Periodistas ( CPJ ) ha solicitado a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva del origen de la campaña de difamación y de las amenazas que se han dirigido contra la periodista estadounidense América Armenta , y ha exigido la adopción inmediata de medidas de protección para garantizar su seguridad.
En un comunicado emitido desde Culiacán, Sinaloa, organizaciones locales e internacionales expresaron su condena ante la violencia ejercida contra Armenta, quien ha sufrido constantes ataques de desprestigio a su labor periodística y amenazas a su integridad personal. La periodista, recientemente elegida presidenta de la Asociación de Comunicadores 7 de Junio, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una serie de intimidaciones que incluyen publicaciones en redes sociales y una página de Facebook que la vincula falsamente con grupos del crimen organizado, en un intento de desacreditar su trabajo y silenciar su voz.
El CPJ subrayó la gravedad del clima de inseguridad que afecta a los comunicadores en México, particularmente en estados como Sinaloa, donde la violencia derivada del conflicto entre los cárteles de los Chapitos y los Mayos se ha prolongado por más de veinte meses. El organismo recordó que los ataques contra la prensa representan una amenaza directa al derecho de la sociedad a estar informada y a ejercer la libertad de expresión.
En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Iniciativa Sinaloa y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, manifestaron su respaldo a Armenta y exigieron acciones inmediatas tanto del gobierno estatal como del federal para prevenir cualquier agresión futura. Los datos del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa indican que entre septiembre de 2024 y abril de 2026 se han registrado más de 100 casos de hostigamiento, amenazas y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Hasta la fecha, las autoridades locales y federales no han revelado la identidad de los responsables ni anunciado avances significativos en la investigación de los ataques contra Armenta. En palabras del secretario general de la sección 34 de Zacatecas, la falta de respuestas y la impunidad son una necesidad que debe ser atendida con urgencia.
Asimismo, el mandatario estatal de Sinaloa reiteró que no colabora con grupos criminales ni mantiene compromisos de colaboración con ningún país extranjero, buscando despejar cualquier sospecha que pueda alimentar la campaña difamatoria contra la periodista. El caso de América Armenta se enmarca en un periodo de alta tensión para los defensores de derechos humanos en México.
A solo seis meses del asesinato del alcalde Carlos Manzo, su viuda y sucesora, Grecia Quiroz, ha enfrentado una intensa ofensiva política desde el oficialismo michoacano, que incluye una reforma electoral orientada a limitar al Movimiento del Sombrero y una denuncia penal impulsada por el Congreso local dominado por Morena. Esta sucesión de eventos destaca la vulnerabilidad de los actores sociales que buscan ejercer sus funciones en un entorno marcado por la impunidad y la violencia, y refuerza la necesidad de que las instituciones mexicanas actúen con celeridad, transparencia y firmeza para proteger a quienes defienden la información y los derechos humanos
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