La preocupación sería perfectamente razonable si la respuesta propuesta siguiera el camino de otras democracias, pero no fue así
Nadie debería estar en contra de proteger las elecciones mexicanas de la intervención extranjera. De hecho, el fenómeno existe y está documentado. Rusia intervino en las elecciones estadounidenses de 2016.
Francia enfrentó operaciones de desinformación durante la elección presidencial de 2017. Alemania, Reino Unido y varios países europeos han desarrollado mecanismos para enfrentar campañas coordinadas desde el exterior. No hay duda de que la intervención extranjera es un riesgo real.
Sin embargo, resulta llamativo que el gobierno mexicano haya decidido convertir este tema en una de sus prioridades electorales. Más aún cuando en las últimas semanas hemos visto a la presidenta Claudia Sheinbaum advertir sobre posibles intentos de influir en las elecciones mexicanas desde el extranjero, en medio de un contexto marcado por acusaciones, investigaciones, cancelaciones de visas y señalamientos provenientes de Estados Unidos contra distintos funcionarios mexicanos.
La semana pasada se aprobó una reforma constitucional que permite anular elecciones por intervención extranjera. Aunque el objetivo parece incuestionable, la pregunta importante es por qué este tema se convirtió de pronto en una prioridad nacional. La preocupación sería perfectamente razonable si la respuesta propuesta siguiera el camino de otras democracias, pero no fue así. Estados Unidos no anuló la elección de 2016 después de la intervención rusa.
Francia no anuló la elección presidencial tras el caso MacronLeaks. Alemania y Reino Unido tampoco construyeron mecanismos para revertir resultados electorales ante campañas de influencia extranjera. La respuesta de esas democracias fue distinta: fortalecieron sus capacidades de inteligencia, reforzaron la ciberseguridad, aumentaron la transparencia sobre propaganda y financiamiento político, combatieron operaciones de desinformación y elevaron la vigilancia sobre actores extranjeros. México eligió otro camino.
Tomó como referencia principal el caso más excepcional y controvertido del mundo democrático, el de Rumania. Utilizó un caso extraordinario, bajo circunstancias extraordinarias, y decidió convertir esa excepción en una regla constitucional permanente. Esa diferencia claro que importa. Una cosa es combatir la intervención extranjera y otra muy distinta es crear una causal amplia para anular elecciones.
Si realmente estamos discutiendo los riesgos que amenazan la integridad de nuestras elecciones, ¿por qué la prioridad es una posible influencia proveniente del exterior y no la influencia que ya existe dentro de nuestro propio territorio? Mientras el debate público desde la mañanera gira alrededor de editoriales, declaraciones diplomáticas o investigaciones internacionales, hay regiones enteras del país donde grupos criminales deciden quién compite, quién se baja de una candidatura, quién gobierna y quién no. Esa sí es una intervención electoral, que modifica resultados electorales y condiciona la voluntad popular.
Resulta difícil tomarse completamente en serio una reforma que invoca la soberanía electoral para protegerse de un editorial extranjero mientras guarda silencio frente a las balas que sí están definiendo elecciones en territorio mexicano. Cuando una democracia comienza a ver la crítica internacional como una amenaza electoral, corre el riesgo de confundir la defensa de la soberanía con la protección del poder.
Resulta inevitable preguntarse si la preocupación principal del gobierno es proteger las elecciones o protegerse de las consecuencias políticas que puedan tener futuras investigaciones, acusaciones o señalamientos provenientes del extranjero que seguramente llegarán. La mayoría de las democracias buscan impedir que actores externos manipulen el voto y, sin embargo, México parece más interesado en construir mecanismos para cuestionar resultados desfavorables con la excusa de la intervención extranjera. POR IRAÍS REYES DE LA TORRES COLABORADORA EEZ
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