Tres funcionarios morenistas señalados por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) pidieron licencia: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Juan de Dios Gámez, presidente municipal de Culiacán; y Dámaso Castro, vicefiscal del estado, acusado de alertar a narcotraficantes sobre operativos contra laboratorios.
Tres funcionarios morenistas señalados por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidieron licencia: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Juan de Dios Gámez, presidente municipal de Culiacán; y Dámaso Castro, vicefiscal del estado, acusado de alertar a narcotraficantes sobre operativos contra laboratorios.
El cuarto, el senador Enrique Inzunza Cázarez, no. Dice que las acusaciones son falsas y que acudirá ante cualquier autoridad que lo cite. Jurídicamente puede quedarse. Políticamente es indefendible. La presunción de inocencia lo protege, al igual que a los demás acusados.
Y nadie debe ser condenado por una acusación extranjera no probada en México. El indictment o acusación del SDNY no presenta las pruebas que exige la ley mexicana. Pero la presunción de inocencia no convierte el cargo público en refugio, ni el fuero en coartada, ni la soberanía nacional en escudo para no investigar. Los otros tres solicitaron separarse de sus cargos.
Inzunza, en cambio, conserva el fuero para enfrentar cualquier citatorio con esa protección procesal. El mensaje es malo y alimenta sospechas, porque quien dice no temerle a la justicia aparece más interesado en blindarse procesalmente que en despejar las dudas ante la opinión pública. Separarse del cargo no es aceptar culpa, sino a reconocer que la acusación es demasiado grave para seguir ejerciendo un poder público mientras se aclara.
Si los señalamientos son falsos, los acusados podrán defenderse sin el cargo. Si son ciertos, ese cargo no debe servirles para ganar tiempo, presionar testigos, influir en expedientes o proteger redes políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la soberanía frente al SDNY y tiene razón en hacerlo. Esa fiscalía rompió reglas al hacer público un documento que debía mantenerse reservado, y exigir que entregue pruebas conforme al Tratado de Extradición es correcto.
Pero defender la soberanía no significa defender personas específicas. La frase correcta no es “son inocentes”, sino “esperamos las pruebas y México investigará con toda la seriedad que el caso exige”. No hacerlo parece encubrimiento político. La FGR no debe esperar el expediente de EU.
Tiene razones sobradas para actuar: el asesinato del exsecretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, la falsa versión de su muerte inventada por la Fiscalía de Sinaloa, el papel de la exfiscal Sara Bruna Quiñones y los señalamientos acumulados durante años sobre vínculos entre autoridades sinaloenses y el Cártel de Sinaloa. Todo ello amerita una investigación propia, seria y completa. Ahora mismo. El precedente de Salvador Cienfuegos pesa, y mucho.
El general fue devuelto a México, la FGR lo exculpó en tiempo récord y casi nadie creyó en esa investigación. Ese no puede ser el modelo. La FGR debe exigir pruebas al SDNY, pero también investigar aquí, con sus propias facultades y sin esperar instrucciones de Washington. La presidenta debe cuidar el debido proceso, pero no cargar políticamente con acusados de narcotráfico.
Y los funcionarios señalados deben separarse de sus cargos, no para declararse culpables, sino para demostrar que no necesitan el poder para defenderse. Licencia sí. Linchamiento no. Pruebas sí. Encubrimiento no. Soberanía sí. Impunidad no. Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Acusados Fuero Soberanía Escudo
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