Melina Maldonado Sandoval, del colectivo ¡Aquí No!, denuncia irregularidades en la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira y acusa al gobierno de priorizar intereses empresariales sobre la soberanía y la vida de las comunidades.
Melina Maldonado Sandoval, indígena mayo-yureme, integra la dirigencia del colectivo ¡Aquí No! que lleva más de doce años utilizando todos los recursos legales disponibles para denunciar irregularidades en la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira.
El proyecto, impulsado por el consorcio suizo-alemán PROMAN a través de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), planea producir más de 2.200 toneladas diarias de amoniaco. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado su respaldo a la obra, afirmando que cuenta con un avance del 95% y que una consulta a la población favoreció su construcción, mientras que solo "algunas y algunos miembros de comunidades" se oponen.
Maldonado Sandoval cuestionó los intereses detrás del apoyo gubernamental y denunció que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no está actuando contra la apropiación de Zona Federal Marítima por parte de GPO. Según la líder, la empresa ha obtenido un amparo que ha permitido aplazar veinte veces las audiencias, dilatando cualquier resolución.
El colectivo también señala que el Manifiesto de Impacto Ambiental reconoce que un derrame de cinco minutos de amoniaco pondría en riesgo a seres vivos en un radio de 45 kilómetros. Además, critican el proceso de consulta realizado en septiembre de 2022 por la Semarnat, el cual amplió la participación a pueblos sin interés legítimo sobre la bahía, y denuncian que un día después de ese ejercicio, sin publicarse los resultados, se otorgaron permisos a GPO.
La presencia de la secretaria Alicia Bárcena en la zona recién ocurrió tras una multitudinaria marcha, y ella reportó un 80% de avance, cifra divergente de la presidencial. Los opositores, que incluyen a miles de ciudadanos del municipio de Ahome, han intensificado sus movilizaciones y exigen la cancelación de la obra, argumentando riesgos ambientales, la defensa de la soberanía nacional y la protección de sus formas de vida tradicionales vinculadas a la pesca.
La dirigente indígena expresó frustración por sentirse burlada por las autoridades tras años de litigios, inclusive ante la Suprema Corte, y preguntó qué tiene que perder la presidenta al apoyar a los pueblos originarios. El colectivo sostiene que su lucha_no es contra el desarrollo, sino contra una instalación que amenaza la salud, el ecosistema marino y la economía local, mientras instituciones como Profepa y Semarnat parecen facilitar la conclusión de la planta en lugar de salvaguardar el territorio nacional
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