La inversión en videovigilancia en México ha aumentado en paralelo a la violencia en el país. Aunque la promesa de estas tecnologías es prevenir delitos y fortalecer las investigaciones criminales, los resultados no se han traducido en mejoras consistentes en seguridad ni en una reducción de la violencia.
La rentabilidad del miedo es una investigación sobre cómo se gasta el dinero destinado a combatir la violencia, a quién beneficia y por qué es tan difícil saberlo.
Durante más de una década, gobiernos de distintos partidos e ideologías han respondido de una manera similar frente a la violencia: la videovigilancia. Miles de millones de pesos en recursos públicos financiaron cámaras, drones y arcos carreteros, distribuidos en calles, avenidas y autopistas de todo el país.
Detrás de los números hay personas pidiendo justicia: familias que esperaron meses para que un fiscal revisara grabaciones que ya no existían, buscadoras que describen sistemas efectivos en las demostraciones, pero que fallan cuando se necesitan, y gobiernos que destinaron miles de millones de pesos en sistemas de videovigilancia como una de sus principales respuestas frente a la violencia. La promesa es que estas tecnologías permitirían prevenir delitos y fortalecer las investigaciones criminales.
Sin embargo, pese a la inversión sostenida en estos sistemas, los resultados no se han traducido en mejoras consistentes en seguridad ni en una reducción de la violencia. En México, esta apuesta tecnológica ha crecido en paralelo a uno de los periodos más violentos de su historia reciente. Desde 2006, con el inicio de la estrategia federal contra el narcotráfico, los homicidios pasaron de cerca de 10 mil casos anuales a un máximo superior de 36 mil en 2020.
Aunque en 2023 se registró una ligera disminución, en las entidades se concentraban 67 mil de las 91 mil cámaras instaladas en el país hasta 2024. En 15 de esos 19 estados, los homicidios aumentaron entre 2012 y 2024, de acuerdo con datos del INEGI. Los casos más extremos son Guanajuato, con un incremento de 490%, y Quintana Roo y Baja California, con aumentos superiores al 320%.
Estos datos muestran que la inversión sostenida en estos sistemas no se tradujo en una mejora consistente en seguridad en la mayoría de los estados analizados. Ha sido contratado por 37 gobiernos estatales y municipales por más de 52 mil millones de pesos (USD 2,944 millones) desde 2012 para la instalación, operación y mantenimiento de cámaras, centros de control y plataformas de análisis de datos.
En Querétaro, los pagos al grupo representaron el 86% del presupuesto estatal de seguridad pública durante el periodo analizado. El peso de estos contratos es especialmente visible en municipios pequeños. En ciudades de Guanajuato, la proporción es aún más extrema: Salvatierra destinó el 65% de su presupuesto de seguridad a contratos con Seguritech; Valle de Santiago, el 78%; Purísima del Rincón y Jaral del Progreso, más del 54%.
Rafael Prieto-Curiel, matemático mexicano que trabajó como analista de pronóstico del crimen en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y hoy investiga la dinámica de la violencia en el Complexity Science Hub de Viena, advierte: 'Le estamos apostando a la tecnología cde los ministerios públicos, la falta de confianza en las autoridades, la falta de denuncias. Las cámaras por sí solas no funcionan.
' Para Prieto-Curiel, la videovigilancia puede ser una pieza del engranaje, pero no el eje central. Lo ilustra con una metáfora: la capacidad de un barril que siempre está limitada por la duela más corta.
'Si tú le metes recursos a cualquier otra de las barras que le sobresalgan, no importa lo que hagas, la capacidad que tiene tu barril sigue siendo la de la barra más chiquita', explica
Videovigilancia Violencia Inversión Seguridad Cámaras Tecnología
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