En ese contexto, el debate sobre la soberanía nacional cobra una nueva dimensión
Hace poco más de una década, un estudio publicado por científicos sociales de Facebook alertó que apenas uno de cada cinco usuarios de la red social, identificados ya sea como progresistas o conservadores, consultaban contenidos que desafiaban sus propias convicciones.
Hoy sabemos que la tecnología ha perfeccionado una maquinaria capaz de mostrarnos aquello que queremos ver y ocultarnos aquello que necesitamos comprender. Además de organizar información, los algoritmos moldean percepciones, jerarquizan emociones y premian la indignación.
Nuestra atención es el producto más valioso del ecosistema digital, donde la conversación pública corre el riesgo de convertirse en un conjunto de cámaras de eco donde cada quien escucha únicamente el reflejo de sus propias certezas, es decir, se nos encierra en “burbujas de autocomplacencia”. En ese contexto, el debate sobre la soberanía nacional cobra una nueva dimensión.
Hace unos días, el discurso oficial advirtió que las campañas digitales, la desinformación, las cuentas falsas y los algoritmos, representan una nueva forma de injerencia extranjera, capaz de alterar la percepción de la realidad. Es verdad que las plataformas digitales concentran un poder de influencia sin precedentes y que la manipulación informativa constituye un desafío real para cualquier democracia, pero precisamente porque el problema es serio, conviene evitar las simplificaciones.
La reciente reforma constitucional que incorpora la causal de nulidad electoral por intervención extranjera, se presentó como una herramienta para proteger la soberanía popular y garantizar la autenticidad de los procesos electorales. La nueva disposición, presentada y aprobada en tiempo récord por el bloque oficialista, define injerencia desde el financiamiento ilícito y propaganda, hasta la desinformación sistemática, la manipulación digital, los ciberataques o la intervención de gobiernos extranjeros. Pocos podríamos oponernos a la defensa de elecciones libres de interferencias externas.
El problema aparece al preguntarnos ¿qué constituye exactamente una intervención extranjera? , ¿quién la determinará? , ¿bajo qué estándares de prueba? , ¿cómo evitar que conceptos ambiguos terminen utilizándose con criterios políticos?
, ¿se pretende atentar contra la libertad de expresión? , ¿la nueva causal pretende blindar a personajes acusados de vínculos con el crimen organizado? Las respuestas aún no existen. La legislación secundaria será la encargada de definirlas y es ahí donde reside buena parte de la controversia.
De hecho, la ministra en retiro y actual legisladora por Morena, Olga Sánchez Cordero, anunció su voto en abstención porque la reforma constitucional atenta contra el principio de certeza: “estamos frente a una norma abierta y como juzgadora, puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos”. La soberanía es tutelada en México por la Constitución, donde se establece que reside esencial y originariamente en el pueblo; que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio.
Por eso resulta legítimo preguntarse si la defensa de la soberanía puede limitarse a denunciar amenazas externas mientras se minimizan problemas internos que erosionan la confianza pública. Sin embargo, reducir el debate a una confrontación entre oficialismo y oposición sería otra forma de caer en la misma burbuja que urge combatir.
Leí recientemente a Jacques Coste, un joven y talentoso historiador que cuestiona, y con razón, los riesgos que nos acechan: los impulsos autoritarios que puedan existir en el poder, pero también el derrotismo de quienes concluyen que ya no queda nada por hacer.
“Idealizar el pasado político nubla la vista e impide moldear -así sea parcialmente- el futuro que se está construyendo”, previene. Su reflexión es muy pertinente. México enfrenta desafíos profundos: inseguridad, desapariciones, extorsión, impunidad, desigualdad y una creciente polarización. Son problemas demasiado graves para quedar atrapados en discusiones alimentadas por algoritmos que premian el enfrentamiento y castigan los matices o peor aún, llevar esas confrontaciones a la vida real.
Romper la “burbuja de la autocomplacencia” exige volver a las causas. Escuchar a las madres buscadoras, a las víctimas de la violencia, a quienes padecen el cobro de piso, el desabasto de medicamentos o la falta de oportunidades. Exige recuperar espacios de encuentro presencial donde el desacuerdo no implique cancelación y la crítica no sea interpretada automáticamente como traición. Lo importante es mirar nuestro entorno cercano y saber que el futuro no está escrito.
Es vital construir ciudadanía, participar en lo local. Exigir rendición de cuentas sin importar quién gobierne; cerrar el paso a la impunidad venga de donde venga; crear consensos sin renunciar a las convicciones. Porque la soberanía, al final, no vive en los algoritmos ni en los discursos. Vive en una sociedad capaz de mirarse de frente, reconocer sus heridas y trabajar colectivamente para transformarlas. PAL
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