La salud mental en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) es una de las crisis más invisibles, afectando desproporcionadamente a las mujeres. Estas sufren un mayor desgaste psicológico debido a historiales de violencia, abusos, pobreza y baja educación. El sistema penitenciario, diseñado para hombres, ignora sus necesidades específicas como salud sexual y reproductiva, además del estigma social y abandono familiar por romper el rol tradicional de cuidadoras. Así, son castigadas doblemente: por el delito y por transgredir normas de género.
De todas las crisis que se viven dentro de los Centros de Reinserción Social , la salud mental es una de las más invisibles. Quienes están en prisión sufren un desgaste psicológico mucho mayor que el resto de la población, lo que representa un grave problema de salud pública.
Pero esta realidad es todavía más difícil para las mujeres: aunque son una minoría en los penales de casi todo el mundo, a nivel psicológico se ven mucho más afectadas que los hombres recluidos y que las mujeres que viven en libertad. Esta afectación responde a que muchas de estas mujeres han experimentado, previo a su ingreso a los centros de reclusión, múltiples situaciones personales y sociales de vulnerabilidad.
Es decir, cuentan con un historial de frecuentes episodios de violencia y abusos que datan de la infancia hasta la vida adulta, los cuales nunca fueron atendidos. Es así que los problemas psicológicos que más prevalecen y que requieren atención en las mujeres encarceladas son el abuso de sustancias, la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Anudado a esto se presentan factores como la pobreza y los niveles educativos bajos.
Cabe señalar también que históricamente el sistema penitenciario ha sido diseñado por y para población masculina, lo que invisibiliza las necesidades particulares en cuestión de género, como la salud sexual y reproductiva. Para las mujeres, la prisión suele venir acompañada de un estigma social mucho más severo en comparación con los hombres y del abandono familiar, pues la sociedad las castiga con el olvido al no cumplir con el rol tradicional de cuidadoras, mientras que sus propios hijos e hijas se quedan a cargo de familiares, vecinos o instituciones.
Por lo tanto, el derecho a la salud mental no es sólo recibir terapia, es entender que el sistema penal las castiga doblemente: por el delito cometido y por haber roto con el rol tradicional de género. No podemos hablar de una reinserción social integral si ignoramos la salud mental.
La atención psicológica penitenciaria no es un privilegio ni un lujo, es una condición necesaria para que estas mujeres puedan mejorar su calidad de vida en prisión, pero también para que puedan reconstruir sus proyectos de vida una vez que recuperen su libertad.
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