Sin información suficiente, exprés y con poca convocatoria, las consultas indígenas que respaldan al gobierno mexicano fueron la primera violación a los derechos de los pueblos del Istmo
Cuando la comunidad de Puente Madera, del municipio de San Blas Atempa en Oaxaca, supo que el gobierno mexicano quería instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar en sus tierras, Inocencio Morales ya estaba muerto.
La asamblea fue convocada por el entonces presidente municipal —actual Senador de la República por Morena—, Antonino Morales Toledo, y contó con el respaldo del Notario Público 37, Jorge Antonio López Mier, y del jefe de residencia de la Procuraduría Agraria, Luis Alberto Jiménez Paredes. En 2019, el gobierno mexicano sólo anunció la rehabilitación de las vías del viejo ferrocarril que desde 1907 cruza del Océano Pacífico al Atlántico, pero no la intención de aprovechar la riqueza natural de la zona a través de parques industriales concesionados a empresas nacionales y extranjeras. Uno de los principales activos para su consolidación es el agua que hay en estos territorios.
Las mismas preocupaciones se replicaron en los siete eventos que coordinó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas , una dependencia del gobierno mexicano encargada de fomentar una mejor relación entre las autoridades gubernamentales y las comunidades indígenas y afromexicanas.
Los pueblos Ikoots de San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar en Oaxaca, enviaron una carta el 28 de marzo de 2019 al titular del INPI, con copia a la SHCP y la Segob. En ella expusieron la “no aceptación de la Consulta” por considerar que atentaba contra sus derechos porque no era culturalmente adecuada, ni previa, ni libre, ni informada, ni de buena fe como presumía el gobierno y como se establece en el Convenio 169.
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