Un crimen con larga data | Las penas que han recibido son mínimas. El más claro reflejo de la impunidad está en que, durante casi todos los juicios, no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas
En un país con más de 100 mil personas desaparecidas sólo existen 36 sentencias por desaparición forzada. Algunos integrantes del ejército, la Marina, agentes ministeriales o policías federales y locales han sido llevados a tribunales; pocos han sido encontrados culpables. Las penas que han recibido son mínimas. El más claro reflejo de la impunidad está en que, durante casi todos los juicios, no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas.
Quinto Elemento Lab analizó las 36 sentencias por desaparición forzada que se han emitido en todo el país de 2005 a 2022. Esos documentos contienen narraciones de víctimas y testigos sobre cómo agentes de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, de la Procuraduría General de la República , marinos, militares y policías de varias corporaciones desaparecieron a mujeres y hombres.
-Hay seis sentencias contra miembros de la extinta Agencia Federal de Investigación , de la entonces Procuraduría General de la República ; tres derivaron en condenas por casos en Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua. Otras tres que ocurrieron en Quintana Roo, Oaxaca y Michoacán terminaron en absoluciones.
-En 2009 se juzgó un caso de desaparición forzada por crímenes del pasado. Se trata de la desaparición de un hombre en Mazatlán, Sinaloa, en 1977, en el contexto de la llamada “guerra sucia”, por miembros de la Dirección Federal de Seguridad y por la Policía Judicial de Sinaloa.
Las 36 sentencias por desaparición forzada que existían hasta abril de 2022 fueron citados en los informes “Sentencias penales en casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local” y “Poder Judicial y desaparición de personas en México”; además, fueron retomados en respuestas a solicitudes de información al Consejo de la Judicatura Federal y poderes judiciales de los 32 estados de México.
En el año 2002, la presidencia de Vicente Fox Quezada creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado , la cual no logró ni siquiera sacudir la impunidad que se instaló desde los años sesenta en México cuando se habla, por primera vez, de la desaparición de personas.
El 27 de marzo de 2012, un capitán segundo de infantería militar, perteneciente al Séptimo Batallón de Fuerzas Especiales en Escobedo, Nuevo León, ordenó la detención de un hombre de 23 años de edad, al que torturó, asesinó y desapareció, de acuerdo con una de las sentencias a los que se tuvo acceso.
En las otras siete sentencias que involucran militares también hubo torturas a hombres sospechosos de narcomenudeo. En todos los casos, más de un militar estuvo al tanto o participó del crimen, pero sólo se juzgó a uno. En seis sentencias las penas recibidas fueron mínimas, no pasaron de los cinco años. Y sólo en dos casos se logró conocer el paradero de los desaparecidos.
Los golpes y los interrogatorios, con traslados por la ciudad para que identificaran casas de seguridad y presuntos cómplices, no pararon. Los metieron a una jaula, los golpearon con los ojos vendados, mientras otros militares gritaban que les arrancarían la piel para exhibirla en cuadros como obras de arte.
En Jalisco, 17 militares fueron acusados por haber detenido a seis personas, el 1 de octubre de 2010, por portación de arma de fuego, de haberlas llevado a la base de operaciones “León 1”, ubicada en Jilotlán de los Dolores, pero no ante ministerios públicos o jueces, y luego de haberlas entregado a personas desconocidas.
En ninguna de las 36 sentencias se describieron los daños ocasionados a las víctimas y sus familias. Sólo en una sentencia el juez reprocha las deficiencias del expediente que integró el Ministerio Público federal contra un militar, porque la investigación no fue suficiente para localizar a la persona desaparecida.
“Dijeron que sólo le iban a hacer unas preguntas, pero le taparon la cara con su camisa y se lo llevaron”, dijo la mujer a su consuegra, según el expediente. Por esa omisión y el haber utilizado bienes del ejército, el juez dijo que el subteniente, especialista en combate al narcotráfico, según su hoja de vida, debía tener una sanción ejemplar: le dictó 31 años de prisión y 15 más de inhabilitación del servicio público.
Todas las sentencias coinciden en un mismo patrón: los agentes detuvieron a personas, las ingresaron a cárceles o separos y luego trataron de extorsionar a familias, haciéndoles pagar sumas entre los 50 mil y 200 mil pesos a cambio de la libertad y la vida. El agente habló con el padre de la joven —dueño de una tienda de abarrotes— y le dijo que si quería volver a verla debía pagar 50 mil pesos. El padre comprobó que todo fue un montaje para extorsionar; no era la primera vez que el agente utilizaba esa treta para cobrar dinero a cambio de la libertad de una persona.
En México hay al menos un 94% de impunidad en las investigaciones sobre desapariciones forzadas, según los análisis realizados por la ONU. Entre los casos que siguen aún en la impunidad está el de 30 elementos de la Secretaría de Marina, quienes en abril de 2021 fueron acusados por la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo y José Luis Viramontes Arredondo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida durante 2018.
“Se trata de versiones incompletas que, en muchos casos, dejan ver una mayor complejidad detrás de la desaparición de la persona, pero que finalmente no es abordada”, mencionó Serrano en el estudio Sentencias penales en casos de desaparición forzada de personas en los ámbitos federal y local. Un ejemplo de lo que documentó Serrano se encuentra en lo que ocurrió en Chihuahua, estado en donde, hasta mediados de 2022, había más de 3 mil 500 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda .
De las 36 sentencias por desaparición forzada, en 18 estuvieron involucrados policías municipales y estatales. Foto: Obturador Mx. El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha incluido en su informe sobre el caso México que, como lo señalaron las organizaciones de Chihuahua, existe una revictimización desde las dependencias de procuración de justicia y los tribunales.
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