En Tila, Chiapas la mayoría de puertas y ventanas siguen todavía con candados
CHIAPAS- Era de noche cuando los habitantes de una población del sureste mexicano comenzaron a escuchar disparos, luego el paso de camionetas y las voces de individuos que hablaban de qué casas había que quemar.
A tres semanas del suceso, Jiménez seguía en uno de los campamentos instalado por las autoridades para atender a los desplazados sin saber qué hacer. En Tila, la mayoría de puertas y ventanas siguen todavía con candados. Decenas de militares y policías vigilan cada entrada y el centro, mientras algunos de los que se fueron aprovechan su presencia para entrar a sus casas o negocios, cargar sus vehículos con todo lo que tengan de valor, a veces hasta pollos o conejos, e irse de nuevo.
Los ejidatarios apoyaron el levantamiento armado zapatista de 1994 en demanda de más derechos para los indígenas mientras que algunos pobladores se vincularon a grupos paramilitares que, después de la breve guerra de ese año, fueron usados para controlar a una guerrilla que nunca entregó las armas, aunque está inactiva.
La semana pasada, los ejidatarios se reunieron en asamblea para discutir la situación actual y hablaron con The Associated Press a condición de no publicar sus nombres. “Sí hubo balazos porque no había más opción”, afirmó uno de los ejidatarios. “Nosotros, los legítimos originarios de Tila hicimos una expulsión, que se vayan esos asesinos”. Ellos niegan tener contacto con grupos de la delincuencia organizada o con el Cártel de Jalisco.
Los choques entre ejidatarios y pobladores se incrementaron en los últimos años y desde octubre, coincidiendo con algunos asesinatos, hay vecinos que empezaron a ver armas de mayor calibre, explicó Alejandro Ornelas, párroco del Santuario del Señor de Tila, la iglesia situada en el centro del pueblo y que parece presidir desde lo alto a toda la población.
Muchos de los desplazados aseguraron que habían comenzado las extorsiones en el pueblo pero ningún comerciante de la treintena de personas entrevistadas por la AP dijo haber tenido que pagar. Dos de ellos sí dijeron haber recibido recientemente llamadas intimidantes. Carmela Pérez, dueña de una licorería, señaló que a ella le pidieron telefónicamente 30.000 pesos, más 1.500 dólares, justo el día de la balacera.
También se hizo viral la foto de una familia masacrada. Al entrevistar a los desplazados en los albergues aumentaban los detalles de las supuestas torturas sufridas por esa familia: sacarles el corazón, beber su sangre.
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