El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó solicitar 23.3% más de recursos para la elección judicial, debido a un aumento en las necesidades de presupuesto para la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Presidente.
El Instituto Nacional Electoral ( INE ) acordó solicitar un 23.3% más de recursos para la elección judicial , de los cuales solo 240.3 millones de pesos se destinarán para tener, la misma noche de la elección, los resultados de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y quien ocupará la Presidencia.
De autorizarse la ampliación de presupuesto solicitada por el INE a la Secretaría de Hacienda, el costo de la elección judicial quedará en 7,670 millones de pesos, 23.3% más que lo aprobado en su reajuste presupuestal del 31 de diciembre: 6,219 millones de pesos. Aún así, será 42% menos de lo presupuestado originalmente por el organismo. \Hoy en sesión, el Consejo General del INE autorizó solicitar a la Secretaría de Hacienda recursos extra al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, por 1,511 millones de pesos. De ellos, 1,451 millones de pesos sí tienen como fin apuntalar diversas actividades e insumos de la elección, lo que elevará su costo en 23.3%. Sin embargo, otros 60 millones de pesos se dedicarían a tareas sustanciales del INE que no cuentan con presupuesto: 40.2 millones para fortalecer “capacidades institucionales” del organismo y 18.7 millones para la estrategia de credencialización que haga frente a eventuales deportaciones masivas desde Estados Unidos. \En sesión, y en respuesta a la reiterada solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que ese organismo explique en qué va a gastar los recursos solicitados, los consejeros detallaron los gastos y aseguraron que las cifras no son caprichosas. El dictamen tiene soporte técnico, argumentativo y financiero, advirtió la consejera Carla Humphrey. “No estamos solicitando recursos para ocurrencias, ni caprichos, ni para programas superfluos o suntuarios, de ninguna manera, lo estamos haciendo con responsabilidad hacendaria y vocación y austeridad republicana. Pero también con la idea de garantizar de mejor manera la autenticidad de nuestros comicios, los derechos políticos y electorales de las y los electores de este país y, sobre todo, el derecho a votar”, anotó. Así, detalló uno a uno lo que implica instalar cada “casilla seccional”, que será un centro de votación en donde en una sola urna se depositarán los votos ciudadanos emitidos a todos los cargos a elección. Cada casilla “seccional” a operar tendrá un costo de 34,126.58 pesos incluidos materiales, el costo de la capacitación e integración ya invertido. Los materiales consisten en mesas, sillas, mamparas, marcadoras, urnas, líquido indeleble, entre otros y cada casilla representa sólo en ese rubro una inversión de 4,500 millones de pesos. El costo de la capacitación implica lo invertido en cada Capacitador Asistente Electoral (CAE) contratado y lo que para éste representó en honorarios, viáticos, materiales didácticos y cursos capacitación, hasta lograr que una casilla quedara integrada es decir, que al menos cinco ciudadanos aceptaran acudir a formarse como funcionarios de casilla, asistir y operar el día de la jornada electoral además de contar con alimentos ese día. Por cada casilla todo ello representará una inversión de 29,626.58 pesos. Así, juntos, materiales e integración de casilla da como promedio que cada una representa un gasto de 34 mil 126.58 pesos, explicó Humphrey Jordan. El monto presupuestado para la integración de las casillas estaba en 2,187.9 millones de pesos, en un proyectado de 73 mil casillas. El costo por casilla era de 29,626, pero si se instalan 86,000 casillas se reduce ligeramente el costo a 29,177 pesos, agregó la consejera. \Programas con cero pesos La consejera evidenció que hay tres sistemas relevantes para la elección judicial que quedaron con cero recursos: el Sistema de Contabilidad en Línea, (SIF), el Sistema de Quejas y denuncias y el de Monitoreo de actividades de campo, los tres indispensables para desahogar la fiscalización y el arbitraje de la elección. En el acuerdo avalado se reconoció que debido al reajuste para hacer una bolsa destinada a la elección judicial “fue dejado en ceros” el rubro de la organización de las elecciones de ayuntamientos en Coahuila, a realizarse en 2026 pero que comienza en 2025. Además no alcanza para los salarios de los CAES y Supervisores Electorales y sin dinero extra está en riesgo “el pago completo de sus honorarios y la provisión de herramientas necesarias, como equipo de cómputo, materiales didácticos, prendas distintivas y servicios de voz y datos”, pues sólo están cubiertos hasta el 27 de abril. “Esto incluye no solo el pago puntual de salarios, sino también la estabilidad laboral para los equipos técnicos y operativos que intervienen en el diseño, ejecución y supervisión de las elecciones”, se indic
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