EjércitoEspía En 2020, el CMI utilizó Pegasus para entorpecer una investigación sobre una ejecución extrajudicial ocurrida en Tamaulipas. Un informe enviado al general Luis Cresencio Sandoval expone el espionaje en el gobierno de López Obrador.
Los momentos de la intervención del teléfono de Ramos por parte del CMI coinciden con las fechas de ataques con Pegasus, que el Citizen Lab encontró en el dispositivo del activista: el grupo de expertos, basado en la Universidad de Toronto, comprobó en un análisis forense que el celular de Ramos fue intervenido con Pegasus los 18, 19 y 28 de agosto, así como el 2 y el 3 de septiembre de 2020.
El oficio secreto del CMI fue revisado y aprobado por el general Homero Mendoza Ruiz, quien en ese momento era titular del Estado Mayor de la Defensa Nacional ; por Conrado Bruno Pérez Esparza, titular de la Subjefatura de Inteligencia del EMDN, y por Gerardo Becerra López, el entonces director del CMI, ahora agregado militar en la embajada de México en Panamá.
El CMI no aparece en ningún organigrama público de la Sedena, ni en sus reglamentos interiores.
Los familiares de los secuestrados negaron que los tres jóvenes eran delincuentes, y rápidamente corrió la versión de que los soldados los habían ejecutado de manera extrajudicial. La nota causó un gran escándalo, pues además de exhibir una ejecución extrajudicial, comprobó que la Sedena ocultó el hecho, haciendo pasar a los secuestrados por delincuentes. El video no era del todo desconocido para las personas cercanas al caso, pues uno de los familiares que presentó una queja ante la CNDH lo había enviado al ombudsman el 20 de agosto.
Sin embargo, en su oficio el CMI acusa, sin pruebas, a Ramos de haber mantenido una relación de amistad con Ana Isabel Treviño Morales, hermana de Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales –otrora líderes de los Zetas respectivamente conocidos como Z40 y Z42--, y que en abril de 2017 presentó un escrito sobre el “presunto allanamiento ilegal” del domicilio del tío de Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, un sicario del Cartel del Noreste.
Todo ello, para influir en una investigación oficial de la Fiscalía Militar sobre una ejecución extrajudicial, considerada como una violación grave a los derechos humanos. El más reciente de ellos sucedió el pasado domingo 26 de febrero, cuando el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció la ejecución extrajudicial de cinco vecinos de la ciudad por parte de militares; la situación derivó posteriormente en enfrentamientos entre vecinos y uniformados, quienes dispararon en el aire y en el suelo para dispersar a los civiles.
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