El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha descubierto miles de pensiones que superan el límite legal, generando preocupación por posibles irregularidades. El director general del ISSSTE, Martí Batres, anunció una revisión exhaustiva de estas pensiones para determinar si fueron otorgadas de manera justa y, en caso contrario, realizar los ajustes o cancelaciones necesarias.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ) ha detectado cerca de ocho mil pensiones que superan el límite establecido por la ley, lo que ha generado preocupación sobre posibles irregularidades en la asignación de estos beneficios. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE , dio a conocer esta información durante una conferencia de prensa con la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, presentó un listado con las 10 pensiones más altas otorgadas por el Instituto, incluyendo casos sorprendentes como el de una maestra de kínder que recibe 210 mil pesos mensuales y el de un director general adjunto que se jubiló con cerca de 310 mil pesos. De acuerdo con la normativa vigente, el monto máximo que una pensión puede alcanzar está determinado por 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, aproximadamente 34 mil pesos. Sin embargo, el ISSSTE ha identificado pensiones que superan este umbral de manera considerable. Durante la conferencia, Batres destacó la existencia de pensiones que superan los 200 mil pesos, incluso una que llega a los 309 mil pesos mensuales. Entre las pensiones más altas documentadas, se encuentran: 309 mil 054 pesos: Otorgada desde 2002 a un exdirector general adjunto del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 267 mil 307 pesos: Otorgada desde 1995 a un secretario general de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 210 mil 207 pesos: Otorgada desde 2000 a una maestra de jardín de niños. 179 mil 182 pesos: Otorgada desde 1999 a una persona cuyo puesto no fue especificado. 172 mil 346 pesos: Otorgada desde 2005 a un visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 147 mil 572 pesos: Otorgada desde 2005 a un profesor. 139 mil 920 pesos: Otorgada desde 1989 a un docente de secundaria técnica. 112 mil 970 pesos: Otorgada desde 1995 a un presidente de Junta Especial en un juzgado. 110 mil 81 pesos: Otorgada desde 2016 a un inspector general de sector de jardín de niños. 104 mil 984 pesos: Otorgada desde 1993 a un comisario del Instituto Mexicano del Café.Ante esta situación, Batres explicó que el ISSSTE llevará a cabo una revisión exhaustiva de todas las pensiones que excedan el límite legal. El objetivo es determinar si fueron otorgadas de manera irregular y, en su caso, realizar los ajustes necesarios o incluso cancelar las pensiones que no se apeguen a la normativa vigente. “En muchos casos, se ajustaría la pensión a lo que corresponde según la ley, y en otros casos, si se detecta una irregularidad total, se cancelará. Pero todo este proceso se hará respetando el derecho de audiencia y el debido proceso”, señaló Batres. Además, comentó que el procedimiento tomará varios meses y se llevará a cabo de manera meticulosa para evitar cualquier tipo de injusticia.Este anuncio se enmarca dentro del plan de 25 acciones para la transformación del ISSSTE, que fue presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y está dividido en cuatro áreas clave: Salud, Vivienda, Seguridad Social Integral y Combate a la Corrupción y Fortalecimiento Financiero. El plan tiene como objetivo mejorar los servicios del Instituto, pero también abordar los problemas de transparencia y gestión financiera que se han identificado. La revisión de pensiones es uno de los puntos esenciales en la lucha contra la corrupción que se busca implementar dentro de este plan, con el fin de garantizar que los recursos del ISSSTE se utilicen de manera justa y equitativa. Batres subrayó que, aunque el ISSSTE tiene la facultad legal para revisar las pensiones, todas las acciones se tomarán bajo el marco de la ley y con un debido proceso que permita a los beneficiarios defenderse en caso de que sus pensiones sean cuestionadas. “No se tomará ninguna medida apresurada ni se cometerá ninguna injusticia. Todo será analizado a fondo”, afirmó. Este proceso de revisión se realizará de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación, y se convocará a cada persona afectada para que presente su documentación y exponga su caso
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