El gobierno mexicano ha generado perplejidad por su reciente campaña contra la prensa estadounidense, particularmente The New York Times, buscando desacreditar un reportaje sobre la producción de fentanilo. Esta no es la primera vez que el gobierno mexicano se involucra en controversias con los medios de comunicación estadounidenses, recordando una anterior protesta contra una editorial del Washington Post. La estrategia del gobierno mexicano de atacar al periodismo, en lugar de abordar las preocupaciones planteadas, refuerza la percepción en Estados Unidos de que el gobierno mexicano está más interesado en proteger a las organizaciones criminales que en combatirlas.
La batalla más reciente del gobierno mexicano contra la prensa estadounidense inspira perplejidad. No es la primera vez. Hace unos meses, el canciller De La Fuente y el secretario de economía Ebrard enviaron una carta a The Washington Post en protesta por una editorial que argumentaba en contra de la reforma judicial en México.
La lista de opiniones similares es larga, y no es casualidad. En Washington hay recelo y sospecha sobre las verdaderas intenciones del gobierno de México. Desde esa realidad, vale la pena preguntarse qué gana el gobierno de México tratando de minimizar el problema y sus alcances. No gana nada en la opinión pública, ni en México ni en Estados Unidos. No gana nada en su muy complicada batalla con el gobierno estadounidense entrante, más bien al contrario.
En tiempos recientes hay un auténtico catálogo de declaraciones que ilustran esa desconfianza. El senador Marco Rubio, que dentro de unos días asumirá el cargo de secretario de Estado en la segunda presidencia de Trump, acusó a López Obrador de “entregar gran parte de su territorio nacional a los narcotraficantes que controlan esas zonas”.
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