La opacidad en la compra de las vacunas contra la Covid-19 | Artículo de Rogelio Muñiz Toledo (RogelioMunizT)
En la Resolución 1/2020, titulada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre los riesgos para la plena vigencia de los derechos humanos durante la pandemia debido a las restricciones al ejercicio de derechos -o a su suspensión- que impusieron algunos Estados para hacer frente a la emergencia sanitaria.
En relación con el proceso de adquisición de las vacunas -y como ha venido sucediendo en otras materias- el Gobierno Federal utilizó el argumento de la seguridad nacional para oponerse a entregar información que de conformidad con la ley debe ser pública, con lo que no solo vulnera el derecho de acceso a la información, sino que impide el ejercicio democrático de la rendición de cuentas.
Protección de Datos Personales resolvió que solo era procedente la clasificación parcial de la información contenida en los contratos celebrados con los laboratorios, por lo que debían existir versiones públicas de todos ellos, pues no se demostró que con la divulgación de esa información se pusiera en riesgo la seguridad nacional.
El plazo señalado por el INAI resultaba razonable pues terminaría el 30 de noviembre de 2022. Fecha en la que, como ha resultado evidente, habrá concluido la adquisición y distribución de las vacunas a las que se refería la información solicitada por los particulares. Con la decisión del INAI se garantizaba la máxima publicidad y la rendición de cuentas.
Gobierno de México, porque estimó que sí procedía la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, con el argumento de que su divulgación sí pondría en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento de los contratos.