El Plan México se presenta como una respuesta al panorama internacional, buscando fortalecer el sector agroindustrial. Su financiamiento, enfocado en la producción de alimentos básicos y de exportación, coincide con dos grandes retos: el déficit de maíz amarillo y la controversia sobre la prohibición de la siembra de maíz transgénico. Aunque el Plan busca revitalizar el crédito agrícola, la propuesta de reforma plantea tensiones comerciales con Estados Unidos y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la soberanía alimentaria y las exigencias de un mercado global.
La respuesta del gobierno mexicano frente a los desafíos que representan la política exterior del Donald Trump ha sido paulatina. Uno de los anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum fue el “ Plan México ”, con el que se pretende fortalecer primordialmente a la manufactura, pero también al sector agroindustrial.
Aunque el plan retoma propuestas ya conocidas, como la tecnificación del riego y el Plan Campeche, añade un incremento significativo en el financiamiento al campo, con 30 mil millones de pesos destinados al cultivo y procesamiento de alimentos básicos y productos de exportación. Sin embargo, este anuncio coincide con dos grandes retos: el déficit de maíz amarillo y la controversia sobre la propuesta de reforma, que envío el Ejecutivo Federal el pasado jueves, para prohibir la siembra de maíz transgénico. Hay que recordar que el financiamiento al campo sufrió otra sequía histórica con la decisión de desaparecer la FinRural durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que dejó a su suerte a miles de productores que son considerados por la banca comercial como apuestas de alto riesgo. En este contexto, el Plan México plantea una expansión del crédito agrícola que podría revitalizarlos y que, al parecer, toma en cuenta su empeño y determinación de seguir creciendo, pues hasta septiembre de 2024, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron 40 mil 852 millones de dólares, lo que las ubicó como el tercer sector más valioso del país, solo detrás de las manufacturas y el automotriz. Estas cifras resaltan la necesidad de fortalecer el crédito, particularmente para pequeños y medianos productores, quienes son los principales responsables de alimentos básicos como el maíz blanco. La reciente propuesta de reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico añade un nuevo matiz al debate sobre la soberanía alimentaria y las relaciones comerciales con Estados Unidos, pues nuestro país depende de las importaciones de maíz amarillo, principalmente transgénico de Estados Unidos, para la industria pecuaria y el sector industrial. Cabe destacar que, en 2023, de acuerdo con datos oficiales, México importó 19 millones 640 mil toneladas de maíz amarillo, cantidad que se proyecta sea superada en 2024 en alrededor de 21 por ciento, con la compra de 23 millones 900 mil toneladas. Por un lado, los defensores de la prohibición argumentan que proteger el maíz nativo mexicano es crucial para la biodiversidad y la cultura del país, mientras que los detractores advierten que esta medida podría tensar aún más la relación comercial con Estados Unidos y generar mayor incertidumbre frente a la revisión del TMEC. Aunque el Plan México no menciona explícitamente la reforma del maíz transgénico, ambos temas están estrechamente ligados por su impacto en el comercio bilateral y la estabilidad económica del campo mexicano. La tecnificación del riego, incluida en el Plan México, puede ser clave para que los agricultores aumenten la producción de maíz blanco y reduzcan la dependencia de las importaciones del amarillo, pero es menester que el crédito agrícola llegue a los productores y que las políticas públicas sean lo suficientemente flexibles para atender las necesidades de exportación y las de autosuficiencia. Es así que el Plan México y la propuesta de prohibir la siembra de maíz transgénico representan dos caras de una misma moneda: el desafío de equilibrar la soberanía alimentaria con las demandas de un mercado global, aspectos que pondrán a prueba la capacidad del gobierno para navegar en un contexto de tensiones comerciales
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