Cristopher Estupiñan, abogado de las 14 familias afectadas,adelantó que su equipo ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) contra la empresa ICA por lesiones y homicidio culposo.
Estupiñan detalló que el acuerdo alcanzado con Grupo Carso logró mejorar las indemnizaciones hasta un 250 por ciento de las propuestas inicialmente realizadas.
Sin embargo, también señaló que espera que este acuerdo no sea ocupado por Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como un cumplimiento o una medalla de la administración. “Nosotros no alcanzamos un acuerdo con Grupo Carso para que el Gobierno lo utilice como una medalla”, mencionó.
“ICA está siendo abiertamente protegida por el Gobierno. No quiero hablar de más pero tenemos una presunción de impunidad porque no es posible que estén muy cómodos en sus oficinas recibiendo más contratos, diseñando el Tren Maya, Dos Bocas y continuando con su larga carrera de contratación de obra pública y en este asunto ni siquiera se les voltea a ver”, dijo.
Además, añadió que la empresa ICA fue negligente por el “diseño incorrecto que no atiende las normas internacionales y que no se ajusta a los parámetros necesarios que exige una obra de esta naturaleza”.