Análisis | Aunque Veracruz cuenta con leyes de protección a menores embarazadas y las leyes federales de salud contienen protocolos de actuación que les dan acceso a la interrupción legal, autoridades obstaculizan ese derecho. | Por Flavia Morales
Susana , víctima de violencia sexual, fue al centro de salud cercano a su comunidad indígena, donde le negaron el acceso a un aborto y la obligaron a viajar cinco horas más para garantizar su derecho, a pesar de su precaria condición económica, por lo que tuvo que solicitar ayuda.
En 2021 se registraron en el país 9 mil 136 casos de niñas embarazadas y en lo que va de 2022 han sido 6 mil 317. La organización IPAS México, en su estudio de 2019 Violencia sexual y embarazo infantil en México: Un problema de salud pública y derechos humanos, observa que “no se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes, sino de niñas siendo obligadas, coercionadas o manipuladas por adultos, mediante el uso de la fuerza , el chantaje, la manipulación y las amenazas en un marco de normalización de la violencia y de la baja efectividad en materia...
“Son además una violación a sus derechos humanos, por la alteración a su proyecto de vida, su derecho a la educación, al desarrollo, al trabajo digno y a la igualdad de género, y una violación a sus derechos sexuales y reproductivos, por ser resultado de violencia y coerción sexual”, puntualiza Schiavon.
Equifonía ha acompañado casos donde se intentó violentar ese derecho, como el de una niña de 12 años, víctima de violación, con 13 semanas de gestación. En 2017, organizaciones como Equifonía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron la declaratoria de una Alerta de Género por Agravio Comparado en Veracruz por una suma de violaciones a derechos de niñas, adolescentes y mujeres, entre ellas la falta de acceso a la ILE y el incumplimiento de la NOM-046.
A consideración de González Saavedra, los protocolos y planes se atoran porque no hay reconocimiento de la problemática ni un enfoque en los derechos humanos de las infancias para avanzar hacia acciones y políticas que erradiquen el embarazo infantil. “Este tipo de cuestiones es como poner en un dilema a una niña y violentar sus derechos; entre eso y un médico que quería obligar a una niña de 12 años a escuchar el latido de un producto no hay mucha diferencia “, indica Equifonía. A partir de la despenalización del aborto en julio de 2021 y la publicación del programa de aborto seguro, no hay un aumento significativo en el número de ILE practicadas en hospitales de Veracruz.
El objetivo es que éstas se coordinen para identificar los casos y atender y proteger de forma integral a las niñas, a fin de seguir una ruta urgente de atención hasta que se les restituyan sus derechos fundamentales, como salud, situación escolar, procuración de justicia y desarrollo personal. “Se necesita –dice– mucho esfuerzo y articulación, hay una lentitud institucional y hace falta articulación y comunicación entre las dependencias para aplicar este protocolo. Los funcionarios muchas veces no saben ni qué es un instituto municipal de la mujer, cuáles son sus atribuciones. Esas situaciones terminan por obstaculizar la atención.”
González Saavedra dice que estas procuradurías municipales son clave para atender y dar seguimiento a estos casos, porque deben actuar en coadyuvancia con los padres de las niñas o en suplencia; es decir, tomar la representación legal de una niña víctima si el agresor es un familiar cercano.
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