La presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, Miriam Estrada-Castillo, apremió a México a que saque de su Constitución la prisión preventiva oficiosa, por considerarla contraria a los acuerdos de derechos humanos.
“México tiene una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años”, señaló la experta.
Para la experta, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que obliga a jueces a decretarla cuando el Ministerio Público acusa a personas de uno o más delitos considerados en el Artículo 19 constitucional, “ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.
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